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Los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 establecieron mecanismos para atender oportunamente las dificultades financieras de los empresarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la pandemia de la COVID-19.
Debido al impacto positivo de la implementación de las medidas en ellos contempladas, se decidió su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023, según lo señalado en el artículo 93 de la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria).
Entre los mecanismos dispuestos se encuentran:
Procesos especiales de insolvencia para micro y pequeñas empresas, tales como:
La reorganización abreviada: mecanismo exclusivo para deudores cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV).
La liquidación simplificada: mecanismo dirigido a liquidar ordenadamente la pequeña empresa, con menos trámites. Esto responde a las necesidades de los deudores y sus acreedores y permite retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y económica.
Procesos extrajudiciales de reorganización para dar una solución pronta y efectiva a la crisis de la empresa:
Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR).
Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio (PRES).
Medidas de descongestión judicial.
Mecanismos para facilitar la financiación, aprobación de los acuerdos de reorganización y protección de la empresa.
Frente al éxito de las medidas, la Superintendencia de Sociedades confirmó que desde el 1 de abril de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2022, de un total de 3.363 solicitudes realizadas por empresarios:
El 61.87% (2.081 solicitudes) corresponde a procesos creados para pequeñas insolvencias (Decreto Legislativo 772 de 2020).
El 22.42% (754 solicitudes) corresponde a los procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 de 2006.
El 15.70% (528 solicitudes) restante a procesos NEAR, trámite creado por el Decreto Legislativo 560 de 2020.
Lo anterior evidencia que el 77.57% de los deudores en crisis hacen uso de los mecanismos creados a través de los Decretos cuya vigencia fue prorrogada.
Fuentes:
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